Asociación Nacional de Recicladores de Colombia ANR

Desde los albores de la pandemia, el pulso con el gobierno ha sido la constante, ya sea por la forma de minimizar la dimensión de la misma, poniendo en riesgo la vida de los integrantes de la comunidad educativa o el aprovechamiento de la emergencia sanitaria para desconocer derechos y los Acuerdos suscritos con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE-, cuyo cumplimiento hoy se hace más necesario que nunca.

La primera discusión fuerte se desarrolló en torno a la protección de la vida y la salud del conjunto de la comunidad educativa, logramos que la actividad escolar fuese NO presencial en todos los colegios del país para educadores, administrativos y trabajadores de servicios generales, tal como quedó consignado en la Circular No. 021 del Ministerio de Educación Nacional -MEN-, expedida en las horas de la noche del pasado 17 de marzo, después de una dura exigencia de FECODE y de la normativa expedida por las alcaldías de Bogotá, Florencia, Cali y Valledupar, como también, de las gobernaciones de Cundinamarca y Magdalena, entre otras, las cuales privilegiaron la vida sobre cualquier otra consideración.

El Ministerio de Educación Nacional acude a la ambigüedad de las normas y a la indebida presión para vulnerar la cuarentena, obliga a las entidades territoriales, a docentes y directivos docentes para que se hagan cargo de la distribución de la alimentación escolar, salvando a los operarios privados de cumplir con sus contratos, exponiendo la salud y la vida de los educadores, trabajadores y comunidades.

Otro campo de acción de FECODE ha sido la permanente presión ante la Fiduprevisora, entidad contratada para administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, -FOMAG-, que procede de manera arrogante y prepotente en tiempos de pandemia, a vulnerar, desconocer o retener las mesadas de los educadores pensionados por invalidez; dilata y enreda “dispersando” en los bancos o en favor de ellos los intereses anuales de las cesantías, las solicitudes de cesantías definitivas, parciales y sanción por mora; como también, niega o limita la atención médica, la salud digna y oportuna; pese al elevado costo de los contratos que sobrepasan los 5.5 billones de pesos, no se refleja en un plan y respuesta efectiva ante la emergencia actual.

El Ministerio de Educación no ha entendido con suficiencia que la angustia de la hora no reside en la modificación del calendario académico o en hacer pasar la cuarentena por vacaciones. FECODE llama la atención para que, ante la demoledora realidad, el gobierno priorice la vida mediante un aislamiento en condiciones dignas en salud y alimentación, como también, las que requiere la labor pedagógica para todos y todas. En virtud de lo anterior debe declararse la emergencia educativa y pedagógica, destinando recursos suficientes, cumpliendo los Acuerdos con FECODE, buscando consensos, respetando la autonomía institucional y territorial del sector educativo y el papel determinante de los gobiernos escolares en las decisiones de las instituciones educativas.

Con indignación denunciamos como el gobierno se ha concentrado en aprovechar la pandemia para salvaguardar los intereses del sector financiero y los grandes empresarios. Desde el inicio de la crisis, advertimos que el aislamiento solo es efectivo si la población tiene salud y alimentación. Era entonces el momento de acudir a las reservas internacionales administradas por el Banco de la República, 53.176 millones de dólares, y a un impuesto al sector financiero, que obtiene ganancias no menores de 7 billones de pesos anuales. Medidas que fueron descartadas por el Presidente Duque, el mismo día en que declaró a regañadientes la primera parte de la cuarentena. 

Las consecuencias de su accionar tardío son dramáticas. Los profesionales y trabajadores de la salud y de servicios generales, empiezan a morir en medio de una desigual batalla, debido a que la ortodoxa política neoliberal, prefirió entregarles los recursos a las EPS, mientras que la banca mantiene la “administración” del presupuesto de las entidades territoriales, a discreción del Gobierno nacional solo invoca el carácter unitario de la República para neutralizar las acciones salvadoras de alcaldías y gobernaciones, que priorizan la vida sobre los negocios.

El Gobierno nacional se ha propuesto desconocer los derechos de la comunidad educativa, basta con expresar tres ejemplos: 

1. El pasado 18 de marzo, el Ministerio de Educación mantuvo una posición radical durante 6 horas, exigiendo la terminación definitiva de las sesiones de la Mesa Técnica de Educación que busca consensuar un acto legislativo en la vía de reformar el Sistema General de Participaciones -S.G.P-. FECODE rechazó de manera firme y categórica los términos del Gobierno nacional, a la vez que dejamos absolutamente claro que sus fórmulas de “incremento” del presupuesto, no cerraban las 6 brechas en educación acordadas, no deja claro y mantiene en incertidumbre las fuentes de financiación, seguramente se continuará impidiendo que las entidades territoriales brinden los derechos a la educación, salud, agua potable y saneamiento básico, muy a pesar de que el Estado debe garantizarse su financiación adecuada; el 3 de abril, el MEN aplicó el mecanismo de la “consulta” para dar por terminadas las sesiones de la mencionada Mesa en contravía del criterio del consenso. 

FECODE, logró en la negociación colectiva del año 2019, y en la ley del Plan Nacional de Desarrollo -PND-, que el gobierno se comprometiera a incrementar de manera real y progresiva los recursos, mediante una reforma constitucional consensuada, la cual hoy está en vilo pese a que cobra mayor urgencia y vigencia en las actuales circunstancias del país, lo que constituye una afrenta mayúscula contra el conjunto de la población.

Como es de conocimiento público, los gobiernos neoliberales recortaron en los últimos 18 años 348 billones de pesos del S. G. P para los 1103 municipios del país, de los cuales $191.6 billones le fueron suprimidos a educación; y notables recursos se arrebataron a la salud pública, a agua potable y saneamiento básico, dejándonos en un estado de enorme indefensión frente a la pandemia.

2. El Gobierno nacional ante el FOMAG insiste en modificar los manuales de supervisión e interventoría y el plan estratégico del Fondo, en lugar de priorizar el cumplimiento del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del magisterio y la prestación del servicio de salud de manera digna, traza toda una estrategia con el propósito de abonar el terreno hacia su privatización.

3. El Ministerio de Educación prácticamente ha dilatado y congelado el proceso de ascensos del todo el magisterio para “cuadrar caja” a costa del desconocimiento de sus títulos, experiencia, producción académica; y de las convalidaciones de estudios en el exterior. El ICFES mancilla el buen nombre de los educadores al emitir resultados en la evaluación que no reflejan su excelente práctica pedagógica, desfigurando el carácter diagnóstico - formativo del proceso, razones válidas para exigirle al gobierno las garantías y el respeto al justo derecho a los ascensos.

FECODE ha creado un Fondo Humanitario con aportes de la organización y sus 34 filiales y los que de manera voluntaria autoricen los educadores de todo el país, para apoyar en esta hora aciaga a los integrantes más afectados de la comunidad educativa y población vulnerable; que en nada tiene que ver con el aporte solidario voluntario establecido en el artículo 9 del Decreto 568 de 2020, presentamos nuestra voz de solidaridad a los trabajadores de la salud que hacen la primera línea de contención de la pandemia, nos sumamos a sus justas peticiones y exigimos se haga efectiva la entrega de dotaciones, equipos y suministros necesarios para el desempeño de sus labores en condiciones dignas, el Gobierno nacional debe disponer de todos los recursos para atender la salud pública y la emergencia humanitaria de los colombianos.

En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con FECODE, comprometidos con la lucha y la movilización, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública, los derechos del magisterio y de los colombianos.

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