Asociación Nacional de Recicladores de Colombia ANR

Protección de los derechos constitucionales fundamentales a la VIDA, el trabajo en condiciones dignas, la libertad de cátedra/enseñanza de los estudiantes, madres/padres de familia, administrativos y magisterio bogotano extendiendo el trabajo NO PRESENCIAL 

hasta contar con las condiciones en los establecimientos educativos distritales, y el derecho al empleo de los docentes provisionales.

Estimadas Alcaldesa y Secretaria: Nos dirigimos a Ustedes, para expresar nuestro enérgico rechazo por las afirmaciones del gobierno nacional en cabeza de la Ministra de Educación, del regreso de los estudiantes a las clases presenciales después del 31 de mayo, lo cual va en contravía de las políticas públicas desarrolladas por su administración en pro de proteger la vida de todos los estamentos de la comunidad educativa en el marco del Aislamiento Obligatorio y la Cuarentena Por La Vida, frente a la realidad de la pandemia de la covid-19.

Si bien es cierto que, la ADE apoya la decisión de modificar el parágrafo 1º del artículo 1º de la resolución 0650 del 17 de marzo de 2020, relacionado con los ajustes del calendario académico en el sentido de desarrollar bajo la estrategia “Aprende en Casa”, en el periodo comprendido entre el 16 de marzo hasta el 31 de mayo, mediante resolución 0713 del 17 de abril de 2020, conservando los periodos de receso escolar estudiantil y la semana de desarrollo institucional no presencial, sin embargo, vemos que no existen condiciones en las instituciones educativas para el regreso a clases presenciales a partir del 1º de junio, y si no se toman las medidas sanitarias de bioseguridad, transporte e infraestructura para proteger la vida de todos los estamentos de la comunidad educativa tampoco se podrá volver a la presencialidad en el segundo semestre. Retomando las palabras de la alcaldesa en entrevistas “este año no será normal” se hace necesario evaluar de manera rigurosa, las condiciones para poder regresar a los colegios toda vez que debe primar la vida y la educación en condiciones dignas.

Los estudios científicos, los actuales adelantos tecnológicos y el desarrollo de la pandemia en Colombia indica con claridad que con la población estudiantil en las calles junto con el gremio docentes y todas las dinámicas sociales que se generan alrededor, se eleva el factor de riesgo de contaminación entre la comunidad educativa. La privatización y la desfinanciación de la cual ha sido víctima la educación pública estatal a través del Sistema General de Participaciones (SGP) impulsada por los gobiernos capitalistas neoliberales y los profundos estragos que dejo la administración de Peñalosa, demuestran que los colegios requieren de condiciones de infraestructura e implementos para hacer el control sanitario: no cuentan con amplios espacios, ni áreas libres para mantener distancias de más de un metro entre los estudiantes, máxime con la imposición de los parámetros existentes hoy, que lleva a condiciones de hacinamiento en muchos colegios de la capital.

Aún más, no se han implementado los protocolos y mecanismos de protección de seguridad y salud en el trabajo, que haría de los espacios pedagógico-laborales, lugares seguros para proteger la vida y así desarrollar el proceso académico-formativo de manera regular. Se requiere con urgencia garantías de protección a los docentes para recibir a los estudiantes, y como es bien sabido, en la ciudad no hay un Sistema de Salud y Sanidad Pública adecuada para atender el aumento de infectados y hacer un control de las condiciones de salubridad de los estudiantes y educadores(as) a la entrada y a la salida de las instituciones educativas. Nos estamos refiriendo a una población de aproximadamente 780.000 estudiantes y de 36.000 docentes únicamente de la educación oficial.

De igual forma, el desplazamiento del magisterio por la ciudad, especialmente de los educadores que tienen que desplazarse a grandes distancias en transporte público y quienes tienen que abordar varios transportes, como es el caso de los educadores que usan las rutas de Secretaría de Educación hacia los colegios rurales y los que tienen problemas de seguridad, se convierte en un riesgo para los(as) compañeros(as), con impactos impredecibles que pueden ser difíciles de controlar.

Así las cosas, como directivos de la ADE, en representación del magisterio, el estudiantado, las madres/padres de familia de los colegios públicos estatales solicitamos que se mantenga la estrategia “Aprende en Casa” de modalidad NO PRESENCIAL hasta que las condiciones aquí planteadas sean una realidad en todas las instituciones de la capital; que se inicien de manera perentoria todas las adecuaciones posibles para lograr esas condiciones en el menor tiempo posible, así como que se tenga en cuenta los análisis y desarrollos científicos de la pandemia del SARS COV2, lo cual indica que todo el primer semestre debe desarrollarse bajo la modalidad no presencial, y antes de iniciar el segundo semestre, realizar la verificación de las condiciones, entre la Secretaría de Educación y la Asociación Distrital (ADE), que permitan garantizar la preservación la vida de todos los miembros de la comunidad educativa.

Las condiciones para regresar de forma presencial pasan por:

1. Que cada institución educativa y en el marco del respeto por el gobierno escolar y la autonomía institucional se adopten mecanismos para la protección de los integrantes de la comunidad educativa.

2. Adecuación de las instituciones educativas respecto a infraestructura, materiales y personal necesario para evitar al máximo el contagio de cualquier integrante de la comunidad educativa:

3. Suministro de gel antibacterial en cada una de las dependencias del colegio.

4. Contratar auxiliares de enfermería para cada institución que revisen por medio de termómetro electrónico un testeo de la comunidad educativa dos veces al día.

5. Comedores escolares que den garantías de bioseguridad no solo en el proceso de preparación de alimentos, sino en el empaque de los mismos, que ha de ser en forma de ración individualmente, al igual que los refrigerios, para ser entregados a cada estudiante sin aglomeraciones en el comedor.

6. Diseño de planes de contingencia para las horas pico de los establecimientos educativos, como ingreso, salida y periodos de descanso, evitando que sean masivos.

7. Diseño y ejecución de un modelo de rotación de estudiantes para disminuir las conglomeraciones al máximo, ya sea por grados, por edades o por cursos.

8. Dotación de tapabocas, anteojos, guantes y demás elementos necesarios de protección para el cuerpo de docentes, administrativos y personal de servicios generales.

9. Determinar el COVID 19 como una enfermedad laboral.

10.Reducción de horas presenciales hasta que esté controlada la pandemia.

11.Modificación del parámetro de estudiantes por aula. Máximo 15 estudiantes por aula al mismo tiempo.

12.Establecer un orden de prioridad de las propuestas. Las inmediatas hasta terminar el primer semestre con la estrategia “Aprende en Casa”, y las de inversión para agilizar las adecuaciones necesarias, dotación y el suministro de insumos a fin de brindar a la comunidad educativa garantías para desarrollar el proceso educativo, en el segundo semestre. condicionando el regreso a la educación presencial, solo si existen todas medidas de protección para salvaguardar la vida.

13.Dotación de tabletas y/o computadores, para todos los estudiantes y docentes de la ciudad, y la conexión permanente a Internet a través de la ETB, es un asunto indispensable en el marco de la estrategia “Aprende en Casa”, pues solo así es posible garantizar las condiciones informáticas mínimas, para superar las dificultades de comunicación de todos los estudiantes y la comunidad educativa.

14.Ajustes en la política pública educativa, en los currículos, en los planes de estudio, en los modelos pedagógicos y de evaluación, que requieren los tiempos actuales y venideros, de manera que el centro de la labor educativa sea el respeto por la dignidad humana, la prevención de la violencia intrafamiliar y social y las garantías de bienestar de los docentes, estudiantes, y las familias que conforman las comunidades educativas. En ese sentido, se requiere ajustar el PEI de cada colegio, a través del desarrollo efectivo del principio constitucional de la democracia participativa (gobierno escolar y autonomía institucional), junto con el apego irrestricto a la libertad de enseñanza y de cátedra, que también hace parte de los derechos constitucionales fundamentales que se deben preservar (artículo 27 CPN).

15.Incremento en el valor del Bono Alimenticio a $150.000 (pesos m.cte), como estrategia para prevenir la desnutrición, toda vez que es por todos conocido que, producto de las políticas neoliberales, en Bogotá se vive una profunda desigualdad social afectando a más del 60% de la niñez y la juventud de la ciudad y que la lucha por la alimentación escolar ha sido fundamental para la ADE; por eso hoy más que nunca exigimos transparencia en el manejo y aumento sustancial de los recursos para avanzar en su cobertura plena.

Ahora bien, el 19 de junio se avizora una masacre laboral, al terminarse el contrato de 6.000 docentes provisionales, que dependían del Plan de Desarrollo de Peñalosa, sumado a los que han quedado sin empleo injustamente desde el segundo semestre del año 2019 y los docentes a quienes se les ha ido terminando el contrato en lo corrido de este año 2020, incluso en los tiempos de la cuarentena, afectándose así la atención en salud por parte del servicio médico. En nombre de los docentes provisionales exigimos su reubicación y nombramiento, así como la modificación de los modelos de vinculación, que dejan sin empleo a docentes, siendo requeridos por los colegios al aplicar los nuevos criterios impuestos por el gobierno nacional con el “sistema maestro”. Somos insistentes en las gestiones necesarias para una convocatoria a concurso docente que conduzca al nombramiento en propiedad, de quienes hoy son provisionales.

Finalmente, hacemos un llamado para que en la reunión programada para inicios del mes de mayo tengamos respuesta a las solicitudes de las prórrogas, y discutir la permanencia de los 6.000 provisionales a través de nuevos programas que fortalezcan la educación pública estatal y no los llevados a cabo por la administración de Peñalosa, que no aportaron al proceso educativo, y sí generaron tercerización, flexibilización y pauperizaron de las condiciones laborales de la planta provisional, tanto docente como administrativa y de servicios generales, discriminando a docentes y administrativos(as) de más de 50 años de edad por la Secretaria de Educación. La reubicación y prórroga de los contratos de los provisionales conforme el decreto 2105 de 2017, el memorando del 23 de octubre de 2018, y la resolución 016720. Así mismo, la apertura y modificación de criterios de la plataforma APPLICA, y el nombramiento de personal de servicios generales para limpieza y desinfección de las plantas físicas en los cambios de jornada y fines de semana.

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